Silenciosa crisis en Defensa: en tres años han perdido su plaza 6.000 militares

Las Fuerzas Armadas españolas viven los efectos de su propia reforma laboral. Según el documento ‘Visión 2025’, cuyo contenido fue adelantado hace algunos meses por la prensa, el Ministerio de Defensa está pensando en prescindir de 20.000 efectivos, tanto militares como civiles. La mitad de este ajuste afectará a los rangos más bajos del escalafón militar, es decir, 10.000 soldados y marineros. Sin embargo, varias asociaciones militares denuncian que éste proceso ya se ha venido llevando a cabo desde 2009, y, en muchos casos, de forma irregular. También critican la “cada vez mayor precariedad laboral” que a consecuencia de los recortes se está instalando en los cuarteles.

“En los últimos tres años han perdido su puesto de trabajo 6.000 militares”, subraya Igor Aparicio, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Profesionales Españoles (AUMPE). Los recortes se han hecho notar también en los salarios y el material, hasta el punto de que el propio jefe del Estado Mayor, el almirante Fernando García Sánchez, ha asegurado en varias ocasiones que estas políticas suponen pérdida de capacidad operativa. Algo en lo que también coincide el teniente coronel retirado y portavoz del Foro Milicia y Democracia Fernando Reinlein, que subraya que, en ningún caso, los recortes pueden suponer un menoscabo de los derechos fundamentales de los escalafones más débiles: la tropa y la marinería.

Para el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Luis Tudanca, los recortes en las Fuerzas Armadas se están llevando a cabo de una manera “absolutamente improvisada” por parte del Gobierno. En su opinión, la reducción del 6% de los gastos de Defensa que se contempla en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 indica que en los próximos años van a continuar realizándose recortes, y sería necesario abordar este proceso con “transparencia, información, consenso y de un modo planificado”.

Algunas asociaciones destacan, a su vez, que en determinadas unidades se está obligando a los soldados a trabajar “hasta cien horas extras mensuales” para cubrir las funciones de los militares que habrían perdido sus puestos de trabajo. Esas mismas asociaciones apuntan que desde 2008 el número de soldados y marineros se redujo de 89.000 a 83.000 efectivos.

Pero los recortes no terminan aquí. La Subsecretaría de Defensa ha anunciado que en 2012 se prescindirá de otros 2.000 militares, al tiempo que se prevé que el año que viene se mantendrá la tasa de reposición del 10% para las Fuerzas Armadas. Esto hace que, paradójicamente, “se esté prescindiendo de personal mientras que se contrata simultáneamente a nuevos soldados”, explica Marcos Pérez, presidente de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM).

Según el plan ‘Visión 2025’, el Ejército de Tierra será el que sufra con más intensidad los ajustes de plantilla, ya que suprimirá 10.000 empleos de militares. Por su parte, entre la Armada y el Ejército del Aire se eliminarán otros 5.000 puestos de trabajo. En este sentido, el presidente de la Asociación de Militares Españoles (AME), el coronel retirado Leopoldo Muñoz Sánchez, asegura que estos recortes son el fruto de una decisión parlamentaria, y no militar.

La Ley de Tropa y Marinería de 2006 estipula que la comisión de un delito, la imposición de sanciones disciplinarias o la “insuficiencia de facultades profesionales o condiciones psicofísicas” son causas de exclusión de las Fuerzas Armadas. El 87% de este colectivo son personal eventual, contratado por un período máximo de un sexenio, a partir del cual pueden firmar un contrato para permanecer en servicio activo hasta que cumplan los 45 años de edad.

Es precisamente en el momento en el que se han de producir dichas renovaciones cuando los soldados pierden su empleo, debido a que la correspondiente comisión evaluadora estima que no cumplen con algún requisito. “Los criterios que se siguen son legales, pero muy subjetivos, y se han aplicado a la inmensa mayoría de los casos”, asegura el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo.

Francisco Hernández, asesor jurídico de AUMPE y abogado especializado en Derecho Militar, destaca que, en el último año, su despacho ha tramitado unos 120 recursos contencioso-administrativos frente a resoluciones de este tipo. Las asociaciones apuntan que, en algunas ciudades en las que la población militar ronda las 5.000 personas, se han presentado cerca de 500 recursos. Una situación que, a juicio de Leopoldo Muñoz, resulta completamente lógica, “sobre todo a la vista de las dificultades que tienen actualmente los militares que abandonan las Fuerzas Armadas para incorporarse al mercado laboral”.

Uno de los casos recurridos es el de una soldado que padecía una enfermedad hormonal que le provocó un aumento de peso. Al considerar, sin tener conocimiento de sus circunstancias, que había sufrido “una pérdida de aptitud irreversible”, su contrato no fue renovado. No obstante, el juez falló finalmente a su favor y fue readmitida. Otro motivo que se alega para dar por finalizado el compromiso con las Fuerzas Armadas es la obligación de solicitar los contratos de larga duración en el plazo máximo de quince días desde que se obtiene la nacionalidad española. De lo contrario, se entenderá extinguida su relación con el Ejército. Esto es lo que le sucedió a un soldado de origen extranjero que se encontraba de permiso cuando obtuvo su DNI, y que asegura que, cuando llamó por teléfono a su unidad para saber qué trámites tenía que seguir, se le indicó que “no pasaba nada” y que podía presentar la solicitud cuando finalizase su descanso.